Unas 250,000 personas murieron por asesinato y otras más de 37,000 se encuentran desaparecidas en los últimos 12 años en México.
De acuerdo con The Wall Street Journal 250,000 personas fallecieron por asesinato y por los conflictos entre las bandas de narcotraficantes desde el 2006. De dicha cifra, 150,000 fueron los que murieron en enfrentamientos de narcos.
Los asesinatos han aumentado un 18% en 2018 en comparación con el año pasado. La cifra de desaparecidos, que fue de 3,400 en 2015, subió a 5,500 en 2017.
El gobierno clasifica a unas 37,000 personas en México como "desaparecidas". Se cree que la gran mayoría está muerta, víctimas de la espiral de violencia que ha cobrado más de 250,000 vidas desde 2006.
La tasa de homicidios en el país se ha más que duplicado a 26 por cada 100,000 residentes, cinco veces más que la cifra de los Estados Unidos.
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Debido a que los desaparecidos no se cuentan como parte del conteo oficial de asesinatos en el país, es probable que la tasa de México en sí sea más alta. La matanza y el número de desaparecidos crecen cada año.
Entre tanto, se destacan las fosas comunes descubiertas en los últimos años.
Desde 2007, se han descubierto más de 1,300 fosas clandestinas, según la comisión de derechos humanos de México. El lunes, un grupo de periodistas de investigación dijo que el número del gobierno era demasiado bajo.
Sobre la base de los datos obtenidos a través de solicitudes de libertad de información de 24 de los 32 estados de México para los años 2006 a 2016, el grupo dijo que se habían descubierto al menos 1,978 tumbas.
Además, se cree que muchos de los desaparecidos en los últimos años son víctimas de la violencia desatada por bandas criminales que luchan por controlar las rutas de drogas y otros negocios lucrativos como la extorsión, el secuestro y el robo de gasolina de las tuberías, a menudo con la complicidad de las fuerzas policiales, el gobierno dicen los funcionarios.
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El diario estadounidense recordó el caso Ayotzinapa y manifestó que tras "este escándalo", el gobierno mexicano se vio obligado a promulgar una nueva ley sobre desapariciones a fines de 2017.
La ley ordena la creación de un registro nacional de datos forenses, que incluiría información de ADN de cuerpos no identificados y no reclamados, así como de familiares de desaparecidos.
Además de prohibir la incineración o el entierro de cuerpos no identificados. Se supone que una comisión nacional de búsqueda financiada por el gobierno busca a los desaparecidos, sin embargo, han sido los propios familiares los que se han dado a la tarea de hacer las búsquedas por su cuenta tras la ineficiencia de las autoridades.
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