La directora del WOLA, organización en investigación e incidencia que promueve los Derechos Humanos en las Américas, Maureen Meyer, critico la labor de la Guardia Nacional a poco mas de un año de su creación, ya que no ha logrado convertirse en un organismo federal capaz de abordar la crisis de seguridad en México.
En un artículo publicado hoy, la directora sostiene que el nuevo cuerpo policiaco anunciado por el presiente Andrés Manuel López Obrador se le usa para inspección de mochilas hasta trabajar en el desmantelamiento de grupos criminales. “Pero no solo eso, sino también puede detener a sospechosos y colaborar con las fiscalías en investigaciones del ámbito federal y común”.
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Expresa que en lugar de consolidar el papel de los militares en la seguridad pública, le presidente debería tomar medidas firmes para fortalecer el sistema de justicia y las instituciones policiales civiles de México, como la forma más efectiva de construir una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos en México.
Meyer destaca que otra preocupación es que la mayoría del equipo y presupuesto de la Guardia Nacional proviene de las fuerzas armadas, y cada uno de los centros de reclutamiento de la Guardia se encuentra en bases del ejercito.
“De hecho, la Sedena y Semar están a cargo de todas las operaciones de reclutamiento. En los primeros cinco meses de 2020, el Ejército reclutó a 14 mil 833 miembros de la Guardia Nacional, mientras que la Marina reclutó a 6 mil 3372”, indica en su articulo.
Hace hincapié en que si bien la Guardia Nacional aún no ha sido implicada en tantos casos de violaciones graves de los derechos humanos como las fuerzas armadas y la ex Policía Federal, la nueva fuerza no está exenta de críticas.
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Entre julio y noviembre de 2019, la CNDH informó que había recibido 32 quejas contra miembros de la Guardia Nacional por violaciones de derechos humanos, incluidas acusaciones de abusos contra migrantes, tortura y detención arbitraria. En los primeros dos meses de 2020 (los datos más recientes disponibles), la CNDH recibió quejas contra la Guardia Nacional por acusaciones de desaparición forzada, trato cruel e inhumano o degradante y detención arbitraria.
Por ello, sostiene que la mejor manera de abordar la inseguridad, es a través de investigaciones serias y el fortalecimiento de instituciones civiles de la policía. La policía y las fiscalías, no los soldados, están facultadas para interactuar con la población civil para prevenir los delitos y la violencia y para llevar a cabo investigaciones y procedimientos legales.
Sostiene que el decreto del pasado 1 1 de mayo donde se amplían las facultades a militares, arrojan serias dudas sobre el futuro de la policía civil federal en el país, así como la supervisión civil sobre los soldados que realizan tareas de seguridad pública.
Esto porque se ha demostrado que el despliegue de soldados mexicanos en todo el país para patrullar las calles y combatir el crimen organizado tampoco ha logrado reducir el crimen y la violencia.
Finalmente refiere que si bien la Policía Federal se vio empañada por varios casos de corrupción, expertos señalan que hubiera sido mejor aprovechar sus logros y corregir sus defectos que desmantelarlo por completo, dada la importancia de establecer una fuerza policial efectiva a nivel federal.
“Con la creación de la Guardia Nacional, el gobierno mexicano esperaba que la mayoría de los agentes de la Policía Federal se unieran a la nueva fuerza, pero este no ha sido el caso. Solo alrededor de la mitad de la Policía Federal, unos 18 mil 240 agentes, decidieron unirse a la Guardia Nacional. Estos agentes representan menos de una cuarta parte de la Guardia”. advierte.
