Para que un Estado pueda brindar orden y garantizar seguridad a la ciudadanía, es primordial contar con policías profesionales y eficientes. La profesionalización y el desarrollo de las corporaciones policiacas están dictados por el artículo 21 constitucional y por la Ley General del Sistema Nacional De Seguridad Pública, en donde se establece la necesidad de coordinar los tres ámbitos de gobierno para promover acciones en materia de desarrollo policial, profesionalización y régimen disciplinario.
Pese a estar dictado por la ley, México no ha logrado profesionalizar a las policías, y, en un contexto de deterioro presupuestal, los recursos se distribuyen con criterios poco claros. Peor aún, en los últimos años lo que ha predominado es una militarización acelerada, en detrimento de las policías locales.
Esta realidad contrasta con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, presentado durante el actual sexenio, y que, a grandes rasgos, se fija como meta contar con policías estatales y municipales más profesionales; que exista coordinación con la Guardia Nacional y las procuradurías y/o fiscalías para una adecuada prevención e investigación del delito; y mejorar la realidad y la percepción de la seguridad. A pesar de los objetivos planteados en dicho Modelo, es evidente que hay una contradicción entre los propósitos de profesionalización y desarrollo de las policías, y las condiciones laborales que actualmente padecen los elementos.
El presente trabajo reúne las investigaciones realizadas por Causa en Común en torno a presupuesto, jornadas laborales, paros y manifestaciones de policías, asesinatos de policías, y los efectos de la militarización. Por último, se ofrecen algunas propuestas que buscan incidir en una mejora de dicha situación.
Presupuesto para Seguridad Pública
El presupuesto para seguridad pública en México se distribuye principalmente a través de tres fondos: el FASP, el FORTASEG y el FORTAMUN. Estos fondos están diseñados para mejorar las capacidades policiales y fortalecer las instituciones de seguridad pública en todo el país.
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): El FASP es el principal fondo federal destinado a las entidades federativas. En 2020, el FASP contó con un presupuesto de aproximadamente 7,300 millones de pesos, una cifra que refleja un incremento en comparación con años anteriores.
Estos recursos se utilizan para áreas como la prevención del delito, la procuración de justicia, la implementación del sistema de justicia penal, y la profesionalización y capacitación de los cuerpos policiales. Sin embargo, la distribución de los fondos ha sido desigual. Estados como Guanajuato y Michoacán han recibido más fondos debido a sus altos índices de criminalidad, mientras que estados con menor incidencia delictiva han recibido menos recursos.
La falta de transparencia en el uso de estos fondos ha sido una preocupación constante. Se han reportado casos de malversación y uso ineficiente de los recursos, lo que ha generado desconfianza entre la población y dentro de las mismas fuerzas policiales.
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG): Está dirigido a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En 2020, se asignaron 4,000 millones de pesos a este programa, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios en materia de seguridad pública.Los fondos del FORTASEG se destinan a la adquisición de equipamiento, vehículos, capacitación, y mejora de la infraestructura policial.
A pesar de las asignaciones presupuestarias, muchos municipios siguen enfrentando problemas significativos en términos de equipamiento y recursos humanos. La falta de personal capacitado y la obsolescencia de los equipos son retos recurrentes.
En municipios pequeños, la dependencia de estos fondos es crítica. Sin embargo, la burocracia y los retrasos en la entrega de los recursos afectan negativamente la implementación de las mejoras necesarias.
Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN): Aunque no exclusivamente para seguridad pública, el FORTAMUN permite a los municipios usar una parte de estos recursos para mejorar la infraestructura policial. En 2020, se destinaron 83,000 millones de pesos al FORTAMUN, con una porción significativa utilizada para seguridad pública.
Los recursos del FORTAMUN se emplean en proyectos de infraestructura, como la construcción y renovación de estaciones de policía, así como en la compra de equipos y vehículos.
La efectividad del uso de estos fondos ha sido variable, con algunos municipios logrando mejoras significativas y otros enfrentando retos administrativos y de gestión. Municipios como Monterrey y Guadalajara han mostrado avances notables, mientras que otros, como Ecatepec, aún enfrentan grandes desafíos.
En los últimos años, los aumentos al FASP han sido mínimos, mientras que el FORTASEG, que beneficiaba a 300 municipios, desapareció en 2021. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023, se asignaron solo 1,000 millones de pesos al FORTASEG, representando menos de una cuarta parte de los montos asignados en años anteriores.
El presupuesto federalizado en millones de pesos (MMDP) en pesos constantes se desglosa de la siguiente manera:
FASP: 9.2 MMDP
FOFISP: 1.1 MMDP
Total: 10.3 MMDP
La variación del presupuesto federalizado entre 2018 y 2024 muestra un patrón de aumento en 2018, seguido por un descenso significativo en 2021 y 2022, y un leve aumento a partir de 2023.
Paros de Policías
Los paros de policías y las manifestaciones son un reflejo de las condiciones laborales adversas y la falta de recursos adecuados. Estos eventos han sido frecuentes en varias entidades del país y han puesto de manifiesto la necesidad de reformas estructurales y mejoras en las condiciones laborales de los policías.
Causas de los Paros
Son impulsados por una combinación de bajos salarios, falta de pago de bonos y prestaciones, y condiciones de trabajo inseguras. En muchas ocasiones, los policías deben comprar su propio equipo o reparar sus vehículos con recursos personales.
La falta de equipamiento adecuado, vehículos y tecnología es otra causa común de las protestas. La ausencia de chalecos antibalas, armas en mal estado y la escasez de municiones son problemas recurrentes.
La sobrecarga de trabajo y la falta de descanso adecuado también son factores que contribuyen a la insatisfacción laboral. Los turnos largos y la falta de días de descanso adecuados afectan la salud física y mental de los policías.
Estadísticas de Paros
Entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, se han registrado 410 movilizaciones de policías, que se desglosan
Estas movilizaciones reflejan el descontento y la precariedad en las condiciones laborales de los policías, incluyendo sueldos insuficientes, jornadas excesivas y falta de equipo adecuado.
Policías Asesinados
La violencia contra los policías ha sido un problema creciente, con un aumento significativo en los asesinatos de agentes en los últimos años. Estos asesinatos no solo representan una tragedia personal para las familias de los agentes, sino que también afectan la moral y la efectividad de las fuerzas policiales.
Desde diciembre de 2018 hasta junio de 2024, se han registrado 1,294 asesinatos de policías en México. Los estados con el mayor número de asesinatos de policías son:
Guanajuato: 352 asesinatos
Guerrero: 165 asesinatos
Zacatecas: 165 asesinatos
Estado de México: 164 asesinatos
Michoacán: 149 asesinatos
Jalisco: 139 asesinatos
Veracruz: 139 asesinatos
Chihuahua: 137 asesinatos
Estos números reflejan la violencia extrema que enfrentan los policías en su labor diaria, agravada por la insuficiente protección y recursos.
Factores Contribuyentes:
La violencia es atribuida principalmente a la acción de grupos criminales organizados, que ven a los policías como una amenaza a sus operaciones. Los carteles de la droga y otras organizaciones criminales atacan a los policías para enviar un mensaje de intimidación.
La corrupción dentro de las fuerzas policiales también es un factor significativo. La infiltración de elementos corruptos en las instituciones de seguridad facilita los ataques contra agentes honestos y comprometidos.
La falta de protección adecuada para los agentes es otro problema crítico. Muchos policías trabajan sin el equipo de protección necesario y sin el respaldo adecuado de sus superiores.
Militarización de la seguridad pública
La creación de la Guardia Nacional (GN) con carácter militar ha sustituido a la Policía Federal, aunque no ha mostrado resultados significativos ni objetivos claros. Los principales efectos de esta militarización incluyen:
Incremento de violaciones a derechos humanos, ya que las fuerzas militares no están entrenadas para tareas policiales y de proximidad social.
Desventaja para las policías locales debido a los estancamientos presupuestales y la merma de recursos.
Aumento del riesgo de corrupción debido a la opacidad en las Fuerzas Armadas, que operan con menor transparencia y rendición de cuentas.
Incompatibilidad con un sistema democrático que prefiere instituciones civiles para mantener la seguridad pública, protegiendo los derechos y libertades de los ciudadanos.
Impacto en la Moral y la Seguridad Pública:
Los asesinatos de policías tienen un impacto devastador en la moral de las fuerzas de seguridad, creando un ambiente de temor e inseguridad entre los agentes. La constante amenaza de violencia afecta la capacidad de los policías para realizar su trabajo de manera efectiva.
La percepción de inseguridad pública entre la ciudadanía también se ve afectada negativamente. Los ciudadanos pierden confianza en la capacidad de las fuerzas de seguridad para protegerlos y garantizar su seguridad. Estos asesinatos también tienen un efecto disuasivo en el reclutamiento de nuevos agentes, ya que el riesgo asociado con la profesión se percibe como demasiado alto.
Conclusiones y propuestas
El análisis de las condiciones laborales y presupuestales de las policías en México revela un panorama preocupante. Los policías trabajan en condiciones extremadamente precarias, reflejadas en varios aspectos:
Incumplimiento de acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), afectando la implementación de políticas nacionales homologadas.
Recortes y estancamientos presupuestales, limitando los recursos disponibles para la mejora de condiciones laborales y equipamiento.
Avance de la militarización en la seguridad pública, con la creación de la Guardia Nacional y la disminución de la Policía Federal, afectando la eficacia de las fuerzas locales.
Jornadas laborales largas y sueldos bajos, que impactan negativamente en la salud y el desempeño de los policías.
Equipos e instalaciones inadecuados, que no cumplen con los estándares necesarios para enfrentar la delincuencia.
Falta de capacitación suficiente, que impide el desarrollo profesional y la eficacia operativa.
Tratos denigrantes dentro de sus corporaciones, lo que afecta la moral y la dignidad de los policías.
En respuesta a esta situación, Causa en Común propone:
Cumplimiento del SESNSP y CNSP en el diseño y seguimiento de políticas nacionales homologadas que mejoren las condiciones laborales y operativas de las policías.
Establecimiento de parámetros de cumplimiento de acuerdos del CNSP, asignando responsabilidades claras a actores en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Creación de un organismo nacional autónomo encargado del desarrollo policial, con mecanismos transparentes de financiamiento y calendarios que trasciendan periodos políticos y electorales.
Estas propuestas buscan garantizar una mejora sustancial en las condiciones laborales y operativas de los policías en México, promoviendo un entorno más seguro y justo tanto para los agentes de seguridad como para la ciudadanía.
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A pesar de los esfuerzos y los recursos asignados, la situación de las fuerzas policiales en México sigue siendo crítica. Las recomendaciones incluyen mejorar la transparencia y rendición de cuentas, invertir en capacitación y equipamiento, mejorar las condiciones laborales y adoptar un enfoque integral de seguridad. Solo a través de un esfuerzo concertado y coordinado entre todos los actores involucrados se podrán superar los retos actuales y garantizar una seguridad pública efectiva y sostenible en el país.
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