A pesar de las adversidades, en los últimos 14 meses se impulsa la transformación del modelo laboral que no solo consiste en cumplir con un mandato legal, sino de saldar una deuda histórica con los trabajadores y empleadores y responder al legítimo y añejo reclamo de libertad, democracia y justicia en nuestro mundo del trabajo.
Así lo manifestó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, al encabezar la tercera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.
Dentro de los avances, la Unidad de Enlace para la Reforma Laboral de la STPS reportó un progreso del 86% en la adecuación de los estatutos de sindicatos activos con registro federal.
Asimismo, 71 mil 500 trabajadores ya ejercieron su voto personal, libre, directo y secreto para la legitimación de 168 contratos colectivos a través de 340 consultas.
En dicho encuentro se acordó con Tlaxcala y Guanajuato su incorporación a la Segunda Etapa a la que ya se sumaron Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, yse invitó a Baja California Sur, Colima y Querétaro a unirse a este grupo.
Sostuvo Alcalde Luján, que la reforma laboral no es un proyecto de gobierno sino de Estado que trasciende colores y partidos y que reúne una pluralidad de voces en un diálogo hacia un mismo objetivo: beneficiar al trabajador.
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Ante representantes del Poder Judicial Federal, Tribunales Superiores de Justicia locales y de los secretarios del trabajo y homólogos de los Estados, la titular de la STPS, dijo: “queremos que México sea un país de legalidad, que brinde certeza jurídica a la inversión y garantice el respeto de los derechos individuales y colectivos. Ratificamos esta convicción con la reciente entrada en vigor del T-MEC pues sabemos que honrar nuestra palabra nos beneficia a todos en lo local, regional, nacional e internacional y por ello, el trabajo para hacer realidad esta reforma”.
Asimismo, refirió que como en toda transformación de gran calado, es lógico que este proceso no esté exento de obstáculos. Además de encarar inercias arraigadas y resistencias de poderes creados, “enfrentamos desafíos inéditos en un contexto de pandemia global”.
Y con motivo de los efectos de la pandemia del Covid-19 que obligó a las instituciones a parar labores por más de tres meses, el Consejo determinó nuevas reglas para la reanudación del plazo para adecuar estatutos sindicales.
Tras consultas con la Secretaría de Salud, el Consejo aprobó otorgar a los sindicatos 17 días hábiles y 45 días naturales para el cumplimiento de adecuación de sus procedimientos de consulta para la aprobación de sus contratos colectivos y para la votación de las nuevas reglas de democracia sindical, contados a partir de la fecha en que la autoridad registral reanude labores y el semáforo de la entidad se encuentre en color verde.
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