En casos como las vacunas contra el Covid-19, obras públicas a cargo del Ejército o temas de energía, la 4T colocó candados a la información pública con la justificación de que son temas de “seguridad nacional”. A consideración del comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá Méndez, esta clasificación se ha vuelto común.
“Ha sido más frecuente la utilización de la invocación de causales de seguridad nacional y también ha sido más utilizado este recurso extraordinario de la Ley de Transparencia establece para controvertir las resoluciones del Inai”, comentó Adrián Alcalá en entrevista con El Sol de México.
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De acuerdo con el informe Derechos Pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión, y derecho a la información en México, presentado el martes por la organización Artículo-19, durante los últimos cinco años y medio aumentaron los recursos de revisión 92 por ciento, incluyendo la clasificación de información de interés público bajo el rubro de seguridad nacional.
El proyecto del AIFA y el Tren Maya fueron clasificados como información de seguridad nacional
“Las resoluciones del Inai son definitivas e inatacables, ¿qué significa eso? Que nadie las puede controvertir en un juicio de amparo, en un juicio de nulidad o en cualquier medio extraordinario. Sin embargo, existe una excepción: cuando se considere que la materia de la solicitud de acceso de información impacta con temas de seguridad nacional se tiene un recurso extraordinario que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelven en un comité especializado”, explicó Alcalá.
Según datos del Inai, recabados por Artículo-19, durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto se interpusieron 42 mil 631 recursos de revisión por inconformidades con la información pública entregada por dependencias de la administración federal.
Un recurso de revisión es un mecanismo mediante el cual el Inai evalúa la calidad de la información luego de que las personas la piden a sujetos obligados como dependencias de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas o sindicatos, entre otros y reciben información incompleta o que no responde a su solicitud. En dicha evaluación el instituto puede instruir a las autoridades a hacer nueva búsqueda de los documentos requeridos por las personas.
Durante la administración federal de la 4T, la cantidad de impugnaciones contra respuestas de las dependencias de la administración pública se elevó a 82 mil 147. Esto es un incremento de 92 por ciento en comparación con el sexenio de Peña Nieto.
Además, en al menos 100 ocasiones el Inai resolvió que la información solicitada por personas en temas como las vacunas contra el Covid-19, la adquisición del malware Pegasus por parte de la Sedena -utilizado en espionaje-, cuestiones del sector eléctrico y documentos enviados por el presidente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se clasificó con el estatus de seguridad nacional.
“Nosotros lo vemos como un incremento, efectivamente, de 92 por ciento, pero también va relacionado con el incremento que se tiene por parte de la sociedad”, agregó.
Otros temas relacionados con las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, también fueron clasificadas como información de seguridad nacional. En otras palabras, se colocaron candados a la información de los proyectos para resguardar la información pública.
El comisionado presidente del Inai consideró que el aumento de recursos de revisión por las respuestas de las dependencias federales incrementó de manera paralela con el incremento de personas que piden información pública mediante transparencia.
“Esto refleja primero una necesidad, una preocupación de las personas y también nosotros analizamos, en su mayoría, pues que las respuestas no son las idóneas, no son las adecuadas porque declaran inexistencia de una manera, digamos, muy laxa o muy amplia, sin buscar información en todas las unidades administrativas”, agregó.
Alcalá comentó que en estos casos, el instituto a su cargo generalmente resuelve que las dependencias públicas deben hacer una nueva búsqueda de la información o modificar su respuesta sobre información pública; “es ahí la importancia de la existencia de un órgano autónomo independiente al poder político”.
En medio de la transición presidencial y con reformas pendientes como la desaparición de órganos autónomos como el Inai, Adrián Alcalá confirmó con este medio que hasta el momento no han tenido respuesta por parte del equipo de la virtual presidenta electa, Claudia Shienbaum.
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Entre las iniciativas de reforma impulsadas por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, se incluye una de simplificación orgánica, es decir, que las Secretarías de Estado absorban las tareas de algunos órganos constitucionalmente autónomos como lo es el instituto.
De acuerdo con la iniciativa, las funciones del Instituto serían absorbidas por la Secretaría de Función Pública.
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