MONTEVIDEO, Uruguay. Audaz y adelantada, para muchos, la legalización del consumo de mariguana en Uruguay, al igual que todo lo novedoso, nunca se libra de ese omnipresente e implacable juez al que describimos como la prueba del tiempo.
Sin que nunca falten los riesgos y hasta los peligros en los trillados caminos de las buenas intenciones, la medida se dirigió a liberar a los consumidores del también llamado cannabis, unos 160 mil uruguayos de las abusivas redes criminales de traficantes y expendedores.
La polémica ley de 2013 habilitó al Estado a otorgar licencias de producción de mariguana para ser comercializada en farmacias para usuarios registrados.
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El entonces presidente uruguayo José Mujica siempre sostuvo que la política prohibicionista del consumo de drogas en el planeta ha fracasado y “Uruguay ha optado por un camino distinto al que se está desarrollando para combatir el consumo de drogas”. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, declaró que el país producirá alrededor de ocho toneladas mensuales del estupefaciente para su distribución en los establecimientos legales de expendios.
Tras una licitación las compañías ICCorp y Simbiosys fueron las consignadas por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) para producir y comercializar la mariguana en el país.
El 2016 marcó una suerte de “paso de siete leguas” con el impulso a una red de farmacias autorizadas a vender la hierva a ciudadanos mayores de 18 años con más de dos de residencia, debidamente inscriptos en esos establecimientos.
En la actualidad Uruguay dispone de seis mil 948 autocultivadores registrados y de 68 clubes de membresía, integrados por entre 15 y 45 socios, dedicados a la plantación, cultivo, cosecha, producción, procesamiento y distribución cannabis psicoactivo para uso de sus miembros.
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Pero todo este ordenamiento de intencionalidad racional y preventiva no resultó en el esperado óbice para que vendedores ilícitos, verdaderos clanes, estrangulados comercialmente reaccionaran con violencia, elevando sus índices en las zonas marginales de Montevideo, donde se disputaban puntos de control.
Marcos Baudean, investigador de la Universidad privada ORT, que realiza un seguimiento del impacto de la ley en la seguridad pública del país, apunta que en todo el 2017 fueron asesinadas 283 personas, más que el año anterior y las autoridades reconocieron que alrededor del 45% tuvieron que ver con peleas por el control de territorio entre narcos.
Tampoco se detuvo el contrabando de drogas provenientes del exterior lo que ha mantenido en jaque a las agencias policiales uruguayas, que acometen continuos decomisos y confiscaciones de lotes de mariguana.
En un caso culminó con la destrucción de 125 toneladas, y detenciones de dos mil 554 personas vinculadas con las drogas, de las cuales la justicia procesó mil 233 y 23 menores quedaron internados, de acuerdo con distintos reportes.
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Una mayor preocupación surgió en el Ministerio del interior al constatar que mientras descendían las incautaciones de cocaína, aumentaban las de drogas sintéticas, sobre todo el éxtasis. En este andar demostrativo del tiempo, Uruguay llega a su primer lustro de prueba, de lo que Mujica describió como “un experimento hecho con mucha seriedad para tratar de quitarle el mercado al narcotráfico”.
Tres de cada cuatro personas consumieron drogas en el último año y la mariguana fue la más utilizada, incluso más que el tabaco y solo uno de cada 10 cree que esta sustancia reviste “un gran riesgo”, por lo que el gobierno encabeza una campaña sobre los riesgos de su consumo.