El destituido presidente catalán Carles Puigdemont llamó el sábado a una "oposición democrática" a la toma de control de la región por parte de Madrid, luego de que el Parlamento catalán declaró la independencia de España.
Puigdemont, cuyo gobierno regional fue destituido el viernes por el presidente español Mariano Rajoy, acusó a Madrid de "agresión premeditada" contra la voluntad del pueblo catalán.
El presidente español, Mariano Rajoy, cesó el viernes al ejecutivo catalán, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones para el 21 de diciembre, tras la llamativa, pero estéril declaración de independencia.
"Son decisiones contrarias a la voluntad expresada por los ciudadanos de nuestro país en las urnas", dijo Puigdemont. "En una sociedad democrática son los parlamentos quienes eligen o cesan a los presidentes", añadió en un texto que firmó como jefe del gobierno catalán.
Puigdemont no fue específico en los pasos del movimiento secesionista en momentos en que las autoridades españolas se están desplazando a Barcelona y otros lugares de la región para reforzar el control.
La declaración de independencia ha sido rechazada por países europeos, Estados Unidos, México y Argentina. Sin embargo, la tensión en Cataluña es alta y los próximos días pueden ser complicados para Madrid, que tratará de controlar las cosas en el terreno.
Los separatistas dicen que un referendo para votar la independencia el 1 de octubre, que fue declarado ilegal por Madrid, les dio legitimidad. El plebiscito respaldó la opción secesionista, pero con una participación de un 43 por ciento.
Las encuestas de opinión muestran usualmente que más de la mitad de los 5,3 millones de electores de la rica región nororiental no quieren separarse de España.
NEUTRALIDAD POLICIAL
Una nota interna de la policía regional, a la que accedió Reuters, pidió a sus miembros que se mantengan neutrales frente al conflicto, la peor crisis política de España de las últimas cuatro décadas.
Edificios gubernamentales, las sedes de los partidos políticos nacionales, los puertos, los aeropuertos y la sede del Banco de España están resguardadas, dijo el Ministerio del Interior español, que sostuvo que las fuerzas regionales pueden ser remplazadas si la situación lo amerita.
El gobierno español cesó al jefe de operaciones de la policía regional catalana, Josep Lluís Trapero, quien es investigado por sedición debido a que permitió el referéndum del 1 de octubre.
La toma de las riendas de Cataluña por parte del Gobierno central pondrá a prueba a la policía autonómica catalana, en un contexto de dudas por la posible desobediencia de los empleados públicos en Cataluña a las órdenes de Madrid.
"Cabe recordar que en todas y cada una de nuestras intervenciones actuamos en representación de la institución a la que pertenecemos y no a título individual y que en consecuencia, el principio de neutralidad opera en todo momento", dijo el documento policial.
El principal grupo secesionista, la Asamblea Nacional Catalana, hizo un llamado el viernes a que los funcionarios públicos no sigan las órdenes del gobierno español, pero insistió en que la resistencia debe ser pacífica.
Un sindicato proindependencia llamó a una huelga desde el lunes hasta el 9 de noviembre. El gobierno dijo que se asegurarán los servicios mínimos.
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