MANILA. El carácter autoritario de Rodrigo Duterte ha marcado su presidencia en Filipinas, que concluye este día, plagada de polémicas declaraciones y que deja como legado de miles de muertos en una sangrienta guerra contra las drogas.
Duterte será sustituido como presidente por Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., hijo del dictador Ferdinand Marcos y ganador por una mayoría abrumadora de las elecciones del pasado 9 de mayo.
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Su hija Sara Duterte-Carpio, que formó tándem con Marcos Jr., juró su cargo como vicepresidenta el pasado 19 de junio tras arrasar también en los comicios de mayo.
Nada más llegar al poder, el 30 de junio de 2016 y por un mandato único de seis años, Duterte puso en marcha su promesa electoral de erradicar las drogas en el país y alentó a la Policía a disparar a matar a presuntos adictos y traficantes.
Las cifras de fallecidos durante esta implacable campaña antinarcóticos varía notablemente entre las oficiales, estimadas en más de seis mil 200 víctimas mortales, y las de las ONG, que elevan las muertes a entre 27 mil y 30 mil personas.
El reguero de sangre provocado por la guerra contra las drogas, vinculado en muchos asesinatos a grupos de vigilantes armados amparados por la impunidad, le ha valido a Duterte para que sea investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.
El ahora exmandatario también será recordado por los chistes sobre la violación de una monja, comentarios machistas y graves insultos dirigidos contra personalidades como el Papa Francisco o el expresidente de EU Barack Obama.
Pero otro de los episodios oscuros fue la constante violación de derechos humanos contra activistas y periodistas, principalmente la declarada archirival Maria Ressa, periodista galardonada con un premio Nobel de la Paz y que fue perseguida y encarcelada por Durterte.
Precisamente durante su último día de mandato, ordenó el cierre del medio digital cofundado por la periodista filipina.
Ressa ha sido muy crítica con Duterte por la mortífera guerra contra la droga, lo que le ha valido a ella y su medio Rappler una larga lista de denuncias, investigaciones y ataques.
Ressa aseguró que "lucharán por mantenerse firmes" y "defenderán sus derechos", tras la polémica orden. El sitio web de la periodista continuó funcionando horas después de la orden de cierre.