TEGUCIGALPA. Honduras afronta una crisis en su sistema penitenciario luego de que riñas registradas en dos cárceles dejaron 37 muertos, atribuidas a grupos que buscan evitar la intervención de las prisiones, donde un organismo pide apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estos dos sucesos, en los que además más de una decena de personas resultaron heridas, se registraron en una prisión del municipio de El Porvenir, cercana a Tegucigalpa, en el que ayer fallecieron 19 reclusos, y en una cárcel del departamento caribeño de Atlántida, en la que el día 20 murieron otros 18 presos.
La subdirectora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Alba Mejía, dijo que la situación en las cárceles del país centroamericano es "crónica".
El CPTRT propone la creación de una comisión de "alta credibilidad" coordinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que "se cristalice la militarización de los centros penitenciarios" y se implemente la Política Nacional Penitenciaria, gestionada en 2015 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), añadió.
Las fuerzas del orden atribuyeron la responsabilidad de las dos matanzas a grupos del crimen que buscan evitar la intervención de las cárceles ordenada la semana pasada por el poder Ejecutivo que preside Juan Orlando Hernández.
Para el CPTRT, las muertes en las cárceles son consecuencia de la "militarización total" del sistema penitenciario. El mandatario hondureño decidió militarizar las cárceles después de que el 14 de diciembre asesinaran a cinco miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, al este de la capital.
En la víspera, fue asesinado a tiros el director de la principal cárcel de máxima seguridad de El Pozo I, en Santa Bárbara (oeste), Pedro Ildefonso Armas.
El funcionario estaba suspendido del cargo para ser investigado por haber presenciado cómo unos reos mataban el pasado 26 de octubre a Magdaleno Meza, el que fuera socio del exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández.
Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue condenado por cuatro delitos de narcotráfico en una corte de Nueva York.
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