En una apresurada conferencia que duró apenas dos minutos y 40 segundos, la portavoz del gobierno argentino, Gabriela Cerruti, llamó urgentemente a la lectura de un comunicado que publicó en su redes sociales el presidente Alberto Fernández.
En el documento los presidentes de Colombia, México, Bolivia y Argentina expresaron su apoyo a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ante lo que calificaron como una "persecución judicial" en su contra.
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Así también, los cuatro jefes de Estado manifestaron su "más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo" Cristina Fernández, para quien un fiscal pidió el pasado lunes una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción cuando gobernó Argentina entre 2007 y 2015.
Según el mandatario argentino Alberto Fernández, el colombiano Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y el boliviano Luis Arce, esta "persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal".
"El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales", afirma el comunicado.
Los presidentes firmantes señalaron que en los últimos años "el poder judicial ha abierto numerosas causas" en contra de Cristina Fernández, "muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido", mientras que en otras causas aún abiertas "se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política".
Entre estas investigaciones, apuntaron, está la denominada "causa Vialidad", por la que la exmandataria es sometida a juicio oral desde mayo de 2019 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales.
Fiscalía pide 12 años de prisión
El pasado lunes, en su alegato final, el fiscal que interviene en este juicio, Diego Luciani, pidió al tribunal que, además de condenar a la vicepresidenta a 12 años de prisión, la inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.
El fiscal considera que está probado que Cristina Fernández fue la "jefa" de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado.
La vicepresidenta dijo que no hay pruebas que acrediten tales acusaciones al hacer una comparecencia pública el martes, luego de que el tribunal que le juzga le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.
Para los presidentes firmantes del comunicado, el tribunal vulneró el legítimo derecho a la defensa de Fernández.
"Manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos", añade la declaración conjunta.
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La sentencia se conocerá en meses, según medios locales, aunque Fernández podría apelar la sentencia a tribunales superiores, lo que demoraría años el veredicto final.
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