Alejandro N., de 46 años de edad, adscrito a la 25 Zona Militar con sede en Puebla, quien amagó con un arma de fuego a los pasajeros de una camioneta que transportaba reporteros a un evento oficial de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en el municipio de Tlaxco, fue vinculado a proceso por amenazas contra una conductora de transporte y un reportero.
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Los hechos
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El incidente ocurrió el pasado primero de junio en el corredor de las agencias de autos de la ciudad de Apizaco, sobre la carretera federal México-Veracruz, cuando el conductor del vehículo tipo Corolla, con placas de Chihuahua, color blanco, intentó ganar el paso ante el intenso caos por lo que amenazó con el arma marca Smith and Wesson, calibre .9 milímetros a la conductora y sus tripulantes.
De inmediato se emitió la alerta y cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) implementaron un operativo de búsqueda y elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron la localización y detención del indiciado.
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Derivado del trabajo hecho por el agente del Ministerio Público del fuero común, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), un Juez de Control determinó vincular a proceso a un hombre por amenazas contra una conductora de transporte y un reportero.
Medidas cautelares
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Un Juez de Control estableció las siguientes medidas cautelares: la firma periódica ante el Juez o ante una autoridad distinta que designe, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no afecte el derecho de defensa, además no podrá salir del país hasta que su proceso haya finalizado y se determinó un mes para la etapa de investigación complementaria.
Enfrentará dos procesos
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De esta forma el elemento del ejército quedó suspendido de sus funciones y tendrá que enfrentar dos procedimientos, uno legal y otro administrativo.
Además de su posible baja de las fuerzas armadas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado mantiene el firme compromiso de combatir los delitos que atenten contra la integridad de las personas.