La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 01/2022, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por la detención arbitraria y tortura cometidas en 2016 por personal de esa dependencia en contra de dos personas.
Y es que en febrero de 2016, las víctimas fueron detenidas acusadas de presuntamente haber cometido el delito de secuestro agravado y el asesinato de un menor, en el municipio de Tlaxcala.
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Según información oficial, a las dos personas fueron víctimas de abuso de autoridad, detención arbitraria y que personal de la PGJE cometió faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, empleos, cargos y comisiones.
Además, el órgano autónomo señala que también existió violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal derivado de tortura, causada para obtener información o la confesión, a partir de sufrimientos graves físicos o psíquicos.
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Información oficial señaló como autoridades responsables a Víctor Flores Meneses, en ese entonces inspector jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro; a Rigoberto de la Cruz Nava, Oficial de la Policía de Investigación; y a Arturo Cuamatzi Juárez, Oficial de la Policía de Investigación, todos entonces adscritos a la PGJE.
En ambos casos, los actos de tortura consistieron en golpes en diversas partes del cuerpo, desnudos, toques eléctricos en diversas zonas, como piernas, brazos, pecho y pene, asfixia, y amenazas. Todo mientras eran interrogados y aleccionados, dice el comunicado.
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Por lo anterior, la CEDH emitió ocho puntos de recomendación:
- Inicio de procedimiento, substanciación y calificación de las faltas administrativas ante el Consejo de Honor y Justicia de la PGJE en contra de las autoridades responsables.
- Inicio de procedimiento penal por el delito de tortura y los que resulten, en contra de las autoridades responsables.
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- Reparación del daño a favor de las víctimas, comprendiendo el aspecto económico, psicológico y médico.
- Ofrecimiento de disculpa pública a las víctimas deberá condenar los actos cometidos, establecer el compromiso de la no repetición, expresar de manera clara qué se realiza en cumplimiento a la presente recomendación y difundirse a través de los medios de comunicación oficiales de la institución.
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- Cursos de capacitación, pláticas o talleres a los servidores públicos pertenecientes al Departamento de la Policía de Investigación de la PGJE; y al resto del personal sobre las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, principalmente los relacionados con la legalidad, seguridad jurídica, la integridad y seguridad personal.
- Que las víctimas adquieran dicha calidad ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado.
- Publicación de la versión pública de la recomendación en el sitio web de la PGJE.
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- Designación de enlace.
LA VERSIÓN DE LAS VÍCTIMAS
De acuerdo con los hechos acreditados por la CEDH, una de las dos víctimas manifestó en su escrito de queja, que fue detenida el 25 de febrero de 2016 por Policías de Investigación, quienes no se identificaron y lo golpearon en diversas partes del cuerpo, que le subieron a un automóvil para después trasladarlo a una casa, lugar en el que fue torturado.
Dijo que horas después escuchó como torturaban a otra persona, quien narró en su escrito de queja que fue detenida el 26 de febrero de 2016, en igualdad de circunstancias.
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