Además de la reciente aprobación del juicio político en contra de Javier Corral Jurado, exmandatario de Chihuahua, enfrenta por lo menos 11 denuncias y demandas ante diversas instancias, luego de que dejara su cargo el año 2021, en donde es acusado de traición a la patria hasta tortura.
Tras la aprobación del juicio político que inició el Congreso del Estado en contra del exgobernador Javier Corral Jurado, por haber incumplido el plan estatal de austeridad, el proceso sigue avanzando y se otorgó un plazo de 10 días para que presente las pruebas correspondientes ante los legisladores.
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Daño moral, peculado y difamación: principales denuncias contra Corral
Desde septiembre que dejó el cargo como gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado acumula por lo menos nueve denuncias en su contra hasta el día de hoy, ya que lo han señalado de daño moral, peculado, difamación, traición a la patria, uso ilegal del ejercicio público, entre otras, relacionadas con daños, tortura y violencia política, en las que también se involucran otros exfuncionarios.
Tanto en la Fiscalía General del Estado, como en el Tribunal Superior del Estado, se han generado denuncias y demandas respectivamente en contra del exgobernador Javier Corral Jurado, por diversos señalamientos que se han formado, a 10 meses de haber dejado el cargo como titular del ejecutivo.
El último recurso lo interpuso el Consejero de la Judicatura, Luis Villegas Montes, quien el pasado 5 de julio, interpuso una demanda por daño moral en contra del exgobernador, por haberlo acusado de haber participado en el juicio de César Horacio D.J. en el estado de Florida, donde Javier Corral lo acusó de haber sido un testigo de descarga al igual que la Presidenta del Poder Judicial.
Con este recurso espera que Javier Corral emita una disculpa pública y desmienta los dicho que ha vertido en medios de comunicación a nivel nacional, además de que sean sancionad económicamente por el daño moral generado contra el Consejero de la Judicatura del Estado de Chihuahua.
De igual forma, otro magistrado que también lo denunció, pero en la vía penal, fue magistrado Gabriel Sepúlveda Ramírez, en la que acusó a Javier Corral y a la activista Luz Estela Castro de uso indebido del ejercicio público, por haberla nombrado consejera de la Judicatura cuando no cumplía con esos requisitos.
Expedientes X, los presuntos actos de corrupción del exgobernador
Luego de cinco años de que ocurrieron los hechos, el magistrado se presentó ante la Fiscalía General del Estado para entregar la denuncia correspondiente, pues dijo que ahora sí existen las condiciones para que se investigue y sancione a los responsables de haber generado una crisis en el Poder Judicial del Estado.
A la vez, algunos antiguos servidores de la administración de César Horacio D. J. han interpuesto denuncias en contra de Javier Corral y varios funcionarios de su gabinete, principalmente de aquellos que tuvieron participación en los denominados “Expedientes X”, que eran investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción del sexenio de Javier Duarte.
Entre las personas que han interpuesto alguna denuncia en contra del exgobernador están: Jesús Manuel Esparza, Alejandro Villarreal, Marcelo González, Gabriel Sepúlveda y Otto Valles, quienes al recuperar su libertad comenzaron a generar las querellas correspondientes, a excepción del caso del magistrado Sepúlveda.
En el caso del empresario Otto Valles, interpuso la denuncia por traición a la patria, ya que encontró elementos e información en la que aseguró que Javier Corral obtuvo su candidatura cuando contaba una doble nacionalidad y presentó distintos documentos ante el INE, lo que consideró como un engaño y traición a la patria.
Varias de las más de 30 personas que estuvieron detenidas por el Operativo Justicia para Chihuahua, al recuperar su libertad, denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Fiscalía General del Estado una serie de abusos y tortura que recibieron mientras estaban en el penal número 1.
El abogado de César Horacio D. J. interpuso una demanda en contra del Estado de Chihuahua y el exgobernador Javier Corral Jurado por difamación y daños, tras haber señalado de diversos delitos a su cliente, utilizando el recurso y poder del Estado para llevar a cabo esta serie de señalamientos.
El abogado Juan Carlos Mendoza, al interponer la demanda, pidió que se le repare el daño al exgobernador César Horacio por 3 mil millones de pesos, al considerar que durante todo ese tiempo fue desprestigiado por parte del aparato estatal, sin haber sido siquiera sentenciado a años de prisión por algún delito.
La familia de Lázaro López también generó denuncia correspondiente por haber sido detenido y mantenido en prisión, a pesar de su condición de salud, por lo cual tiempo después perdió la vida ante una posible negligencia por no haber recibido atención médica a tiempo tras haberse contagiado de Covid.
En marzo del presente año, el exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, también salió ante medios de comunicación para hablar sobre la presión, tortura y todo lo relacionado con la investigación que le abrieron en su contra, por lo que anunció que interpondría denuncias en contra del exmandatario y algunos antiguos servidores, sin que hasta el momento se haya dado a conocer la entrega de las mismas.
Hace un par de semanas, la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua admitió una denuncia de juicio político en contra el exgobernador Javier Corral Jurado, por desacatar el decreto de austeridad en el año 2017 y por lo cual podría iniciarse el juicio político en su contra.
Esta denuncia fue interpuesta por el abogado, Gerardo Cortinas Murra, quien tras haber denunciado los hechos la Comisión Jurisdiccional, aprobaron la querella y se tendrá que seguir al estudio del expediente identificado como CJ/JP/001/2021.
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Por estos hecho, el pasado 1 de agosto, la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua aprobó iniciar un procedimiento de juicio político contra Javier Corral, exgobernador de la entidad, por supuestas irregularidades durante su mandato, por lo cual deberá responder por escrito y ofrecer pruebas a su favor en un plazo de 10 días posteriores de recibir la notificación del legislativo.
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