Tras los enfrentamientos en las instalaciones de la Cementera Cruz Azul de Jasso, Hidalgo, que hasta el momento ha dejado un saldo de ocho personas muertas y 11 heridas, los grupos antagónicos fijaron su posición ante estos trágicos acontecimientos.
Las partes en conflicto -que en ambos casos se ostentan como Cooperativa Cruz Azul, S.C.L.- lamentaron los hechos y se responsabilizaron mutuamente de la violencia generada la madrugada de este miércoles dentro y en los alrededores de la planta cementera.
El grupo encabezado por Federico Sarabia, que tiene la posesión física de la planta, argumentó que los hechos fueron perpetrados por “un grupo de delincuentes contratados por la administración de facto, encabezada por José Antonio Marín y Víctor Velázquez, (quienes) intentaron por cuarta ocasión hacerse de manera violenta de la posesión de la Planta de La Cruz Azul en Hidalgo”.
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Por su parte, el grupo presidido por José Antonio Marín y Víctor Velázquez afirmó que “en ningún momento se ha considerado la violencia como una opción para restituir nuestro patrimonio y toda acción emprendida en el pasado, se ha llevado a cabo con el apoyo de nuestras autoridades”.
En comunicados de prensa difundidos la tarde de este miércoles, el grupo de Marín y Velázquez denunció que quienes “tomaron la planta” es “un grupo disidente que, además de ostentarse como presidentes de los Consejos de Administración y de Vigilancia, le han permitido el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad”.
En cambio, el grupo de Sarabia acusó que “un grupo de choque hizo uso de armas de fuego que, sin miramientos, detonaron en contra de nuestra gente. Es perversa la versión que están queriendo sembrar que fue un autoatentado, cuando uno de los muertos es hijo de uno de nuestros socios”.
“Hacemos un llamado enérgico a las autoridades locales y federales ya que de manera reiterada nuestro grupo había venido denunciando estos intentos violentos por apropiarse de la planta, que hoy, desgraciadamente, cobró la vida de gente de nuestra cooperativa”, señalaron.
En cambio, el grupo de José Antonio Marín y Víctor Velázquez manifestó que “a raíz de estos hechos, los socios y trabajadores de esta Cooperativa solicitamos la oportuna intervención de nuestras autoridades para investigar, deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de tan lamentables sucesos, así como para dar fin a la ilegalidad que persiste en la Planta de Tula y traer orden y justicia a nuestras comunidades”.
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En contraparte, el bloque de Federico Sarabia indicó que su grupo “cuenta con un amparo de un juez federal que nos habilita para hacernos cargo de la planta de Hidalgo. Este documento nos permitió incluso detener el último intento de toma que encabezó la Policía Estatal de Hidalgo”.
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