A ocho años del derrame de metales pesados en el Río Sonora, por parte de una de las mineras de Grupo México, diferentes sectores de la sociedad continúan denunciando los efectos sobre la población y el medio ambiente que derivaron del desastre ecológico más grande del país, mientras que continúan a la espera de que se ejecuten programas que verdaderamente logren resarcir los daños en las comunidades afectadas.

De acuerdo con los Comités de Cuenca Río Sonora, movimiento integrado por personas afectadas por el desastre ecológico del 2014, dentro del Plan de Justicia para Cananea (firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador), tanto autoridades estatales como federales han dado seguimiento al caso de la contaminación derivada del derrame de metales pesados provocado por Buenavista del Cobre.

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Entre los últimos avances sobre el caso, la organización civil reportó que para abril de este año se reunieron con personal del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), de Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).

En ese encuentro, se expusieron los resultados generales de análisis de sangre y orina que se realizaron a aproximadamente mil 500 pobladores de las comunidades de los ríos Sonora y Bacanuchi, tales como de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe, Aconchi, Baviácora, Ures y la zona rural de Hermosillo, durante noviembre del año pasado.

Entre los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) y la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), se encontró que existe una exposición constante al plomo en más del 95% de la población, al arsénico en más del 50% y al cadmio en más del 79%.

Asimismo, se detectó que entre el 1 y 10% de la población en cada municipio se encuentra en “Alto Riesgo” o “Muy Alto Riesgo”, además de que entre el 58 y 90% de la población mostró exposición positiva y elevada en la sangre; entre el 17 y 59% mostró exposición al cadmio y entre 18 y 50% al manganeso, por lo que se concluyó que la contaminación de metales pesado persiste en el área.

Autoridades buscan resolver problema de afectados

Por tal motivo, los comités anunciaron que la Secretaría de Salud se comprometió a realizar una propuesta intersectorial para atender la problemática, donde se recogerán las exigencias de la organización y de los pobladores afectados, por lo que se espera que las autoridades sanitarias expongan a detalle el tiempo de operación de los servicios de salud en el corto, mediano y largo plazo, así como garantizarles el acceso gratuito a la atención para un monitoreo constante de las y los afectados.

También se han medido valores de metales y metaloides en 14 comunidades, incluyendo Cananea, donde se encontraron altos valores de mercurio en el área de Bacoachi, así como concentraciones de aluminio en el suelo que han ido variando debido al cambio de pH en la zona; asimismo, se analizaron muestras de insectos y se determinó que la presencia de aluminio, el manganeso, el cobalto y el níquel, ha mermado la diversidad de especies, afectando principalmente el equilibrio ambiental y a los cultivos de la comunidad, dedicados principalmente a la actividad agrícola.

En cuanto a las pérdidas económicas, para mayo de este año, el Inecc estimó que la cifra asciende a 6 mil 423 millones de pesos, a partir el análisis de las limitaciones de acceso al agua y otros costos asociados; las pérdidas económicas en la producción agropecuaria; las pérdidas económicas en comercio, industria y servicios; daños en la salud física y mental y otros gastos en salud; daños en suelos y vegetación ribereña; así como los desembolsos realizados por el Gobierno para monitoreo.

A decir de los Comités de Cuenca Río Sonora, todavía quedan pendientes la instalación de más plantas potabilizadoras en cada sitio de riesgo, por lo que las autoridades se han comprometido con estas medida; sin embargo, todavía exigen a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que la problemática se visible debidamente, para lo que demandan que el Río Sonora se inscriba e incluya en el nombre del Plan de Justicia así como establecer de manera clara las acciones para atender la situación.

Mientras tanto, el gobernador Alfonso Durazo afirmó que las autoridades retomaron las investigaciones dentro del Plan de Justicia para Cananea, ya que las indagaciones anteriores sobre afectaciones por el derrame de lixiviados no contaban con suficiente credibilidad para asumir los resultados, de manera que se dotará de mayor transparencia al tema y se atenderá a la población afectada tras el análisis de especialistas.

“El Presidente instruyó que se haga una nueva investigación, se definió la metodología, se conservó confidencialidad al área del laboratorio responsable, de manera que no sufriera influencias indebidas y concluyó con una muestra muy amplia, no fue a toda la población, pero el muestreo fue amplio. No fue en todos los casos, pero sí en un número muy importante, hay metales pesados en la sangre de la gente y la Secretaría de Salud federal, con el apoyo y coordinación del Gobierno del Estado, se va a atender a toda la población”, dijo durante una conferencia de prensa el pasado mes de abril.

Pobladores padecen consecuencias de la contaminación

Por su parte, la doctora Reina Castro Longoria, investigadora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad de Sonora, señaló que si las causas no son atendidas debidamente, los problemas en la salud de los pobladores de la cuenca seguirán padeciendo las consecuencias de la exposición a metales pesados que ya han generado fuertes afectaciones a lo largo de estos ocho años.

“Si no se atienden las causas, los efectos van a seguir, aunque le den una tonelada de medicamentos a las personas, y que es muy difícil sacar esos metales, si no se arregla la cuestión ambiental no hay solución. Lo voy a decir contundentemente: los pozos están contaminados, el Gobierno lo detecto, pero, ¿han dicho algo de descontaminar esos pozos? No, no lo han dicho, no abren la ventana a la participación ciudadana”, mencionó.

A esto agregó que los pozos pueden descontaminarse, pero el subsuelo de los mantos de la cuenca no; a pesar de ello, la académica puntualizó que es posible instalar sistemas de bajo costo para los pobladores, sin embargo, hasta el momento la voluntad de realizar estas acciones a ocho años del incidente ha dejado mucho que desear para los afectados del derrame de tóxicos.

“Algunos pobladores del Río Sonora le llaman el monstruo, el dragón que no deja avanzar a los gobiernos porque los deja agarrados del cuello, lo digo de la manera más sincera, porque permea muy bien el nivel de complacencia del Gobierno con Grupo México… Si tienen que ser complacientes, ¿por qué lo hacen con el costo social y el riesgo ambiental que esto implica?”, dijo.

Castro Longoria abundó en que el fideicomiso para el Río Sonora, que corría por parte del Gobierno federal y Grupo México, fue cancelado en 2017 luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa) determinaran que en el Río Sonora ya no existía contaminación, por lo que los avances para resarcir los daños se vieron retrasados, de manera que se espera que las autoridades y la empresa responsable cumplan con el resarcimiento total de los daños a la salud de las comunidades y al medio ambiente.

“La gente que quedó afectada va a pedir cuentas, y es que deben hacerse responsables por los efectos que generaron, y si quieren detener los efectos, entonces que se detengan las causas, porque de lo contrario esto va a seguir y la respuesta está en las autoridades y tienen que hacerlo, es una exigencia que lo hagan, porque las consecuencias ahí continúan”, finalizó.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo